Hoy miles de jóvenes saldrán a las calles del Centro de Lima para exigir la derogatoria de la Ley 30288 “Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social”, conocida como #LeyPulpín, defendiendo los derechos laborales de más de 2 millones de jóvenes desempleados que estarían “beneficiados” con dicha ley.

¿Por qué la Ley es anticonstitucional? 

Esta Ley viola los artículos 26 y 36 de la Constitución al recortar los derechos laborales, además es discriminatoria, pues dos personas que realicen la misma labor no pueden recibir distintos beneficios laborales. Se estarían recortando los derechos laborales, que son irrenunciables, a miles de jóvenes.

¿Quién está detrás de esta Ley?

Todos pensamos que el Ministerio de Trabajo, cumpliendo con su deber de velar por los derechos laborales de los peruanos, era parte del consejo consultivo para elaborar esta Ley, pues estamos equivocados. La verdad salió hoy.

Los redactores de esta Ley son los sectores de producción y economía (PRODUCE), sin tener la mínima asesoría del Ministerio de Trabajo. Como sucedió hace unos meses con el “Paquetazo Laboral” que buscaba reducir las vacaciones, las gratificaciones, defendía las contrataciones temporales y despidos sin justificación y el sueldo mínimo diferenciado según el tamaño de la empresa; ahora se quiere realizar esta norma para millones de jóvenes que se encuentran en trabajos informales.

Otárola también afirmó que el Consejo Nacional de Trabajo estuvo desactivado y que por ello se tomó la decisión de aprobar esta Ley de manera inmediata para reactivar la economía, olvidando que su función como ministro es fiscalizar y sancionar a las empresas que no cumplan con los derechos laborales básicos.

¿Quién garantiza que esta Ley se aplicará solo para las empresas informales y promoviendo su formalización? ¿Están tomando esta cifra – 2’480,000 millones de jóvenes desempleados- como una excusa para abaratar la mano de obra de estos?

Gestión – parte de este despliegue periodístico a favor de la Ley- anuncia con bombos y platillos que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL ha incorporado a 91 inspectores para la supervisar el cumplimiento de esta nueva Ley. Son 400 inspectores que tendrán que fiscalizar a más de 6 millones de empresas informales que se encuentran en el país. ¿Bastará con ellos? Es ilógico creer que una entidad que solo cuenta con un año de fundada podrá cumplir con inspeccionar a miles de empresas en el país. Mientras, los derechos de miles de jóvenes se verán vulnerados.

Ante esto, solo nos queda luchar por nuestro derechos.