La política del actual gobierno de Ollanta Humala ha brindado una serie de “paquetazos para la reactivación de la economía”, como respuesta a la actual crisis económica que atraviesa el país. Pero no todo quedó en la apabullada ley pulpín, existen otras leyes en manos del congreso, listas para ser aprobadas, que perjudican de manera irreparable a los peruanos campesinos. 

Esta nueva ley (3941 – 2014 – PE) “Ley de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, que forma parte de otras polémicas leyes (30230 y 30025), pretende otorgar servidumbres sobre las tierra eriazas de dominio del Estado, para la realizar proyectos público – privados y que incluirían, inclusive, las tierras de comunidades campesinas y nativas.

Pero, en definitiva, esta nueva ley que se viene cocinando en los pasillos del Congreso, iría en contra de nuestra- bastante vulnerada- Constitución:

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 88º.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Artículo 89º.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

No se puede “intentar” auxiliar la economía transgrediendo los derechos fundamentales de miles de campesinos, no se puede reactivar una economía con injusticia.

Recordemos que el país se encontró de luto luego del fallecimiento de un poblador de Pichanaki que reclamaba, entre otros temas, la titulación de sus tierras. No olvidemos a nuestros defensores de la justicia campesina como Máxima acuña y Edwin Chota – murió exigiendo la titulación de su comunidad para evitar la tala ilegal- que son referencias claras de la falta de interés del Estado en agilizar los trámites debidos para una justa titulación de tierras en nuestro país en beneficio de las comunidades indígenas y campesinas.

¿El Estado se olvida de la agricultura familiar y apuesta por la explotación de los suelos por parte de las grandes empresas exportadoras? 

El problema que enfrentan más de 3 millones de agricultores informales del país, es la falta de atención por parte del Estado en brindarles la seguridad de proteger la agricultura familiar que viene siendo usurpada por la compra de tierras por parte de las empresas exportadoras.

Estas empresas se dedican al cambio de cultivo en estos suelos por otros que tienen mayor demanda para la exportación. El caso más relevante – según la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE)- desde el 2003 al 2013 la producción de la palma aceitera ha aumentado en un 290%, es decir, las empresas privadas que se encuentran en este negocio, se dedican a la compra de nuevas tierras que producían otros productos para cambiar su cultivo, creando una inestabilidad y emergencia para el cuidado de nuestra tierra.

Asimismo, - según El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)- la producción de la kiwicha- que contiene un 15% más de proteínas que otros cereales- ha disminuido (-25%), cañihua- contiene el mismo valor nutricional que la quinua (-6%), mashua (-25%) y la oca (-24%).

¿Qué sucede con los cambios de producción agrícola en los suelos del país?

La producción de palma aceitera está produciendo una deforestación considerable en la selva peruana, lo que podría ocasionar un aumento en la frontera agrícola (habilitación de nuevas tierras para su utilización agrícola). Esto, según expertos, no sería necesario porque contamos con los suficientes terrenos degradados para realizar estos cultivos, el problema es la sobre-explotación que se está generando para cubrir con la demanda mundial de este recurso.

Esto estaría generando el cambio de cultivos en los suelos que perjudica directamente a los pequeños agricultores que se encargan de generar sus ingresos de acuerdo al producto que ofrece su tierra. Mientras mayores sean los compradores de estas tierras, el cambio de estos recursos podría generar consecuencias irreparables para nuestras tierras y para millones de familias que viven de la agricultura. ¿Se vendrán nuevos conflictos con la aprobación de esta ley?